La prórroga y cumplimiento de la ley 26.160 es urgente
Nuevamente las organizaciones indígenas se encuentran ante la imperiosa necesidad en Argentina de movilizarse para exigir la prórroga de la ley 26.160, que dictamina el relevamiento de territorios indígenas. Lo hacemos porque entendemos que la unidad ha sido históricamente la forma que ha permitido avanzar en las reivindicaciones de nuestros pueblos, y porque entendemos que la titulación de la propiedad comunitaria es un paso fundamental en la lucha por nuestras autonomías.
Sin embargo, sabemos que detrás de ese reclamo esta la especulación de la burocracia política argentina. Quizás ese deba ser el mayor cuidado que debemos observar quienes militamos en el campo indígena y popular por una sociedad pluriversa y anticapitalista, el no caer en las estrategias de los partidos políticos hegemónicos que buscan legitimarse con la estrategia indigenista del estado porque la ley de emergencia territorial indigena se enmarca en este contexto. El trasfondo político-electoral que atraviesa el Estado hoy, es un planteo reformista pero “sin nafta”, que en su estrategia de gobernabilidad ha marginado las demandas del movimiento indígena, campesino y socioambiental. Las políticas en esta materia han caído cada vez más abajo, profundizando los procesos llevados adelante durante el gobierno de la alianza Cambienos y -parafraseando al movimiento feminista-, se han transformado en políticas de cartón.
Entre el avance de derechos y el cajón
La ley 26.160, ley de emergencia territorial indígena, fue sancionada a fines del 2006 por un plazo de 4 años ya que se la pensó como “ley de excepción y transitoria” por ello tiene un plazo de vigencia determinado, sus objetivos principales son: suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tengan como objeto la desocupación de las tierras que tradicionalmente han habitado las comunidades indígenas, como así también realizar relevamientos de estos territorios con un presupuesto que no daba condiciones mínimas para quienes llevaban a cabo estas tareas, que en parte fueron comuneros y comuneras de los territorios. Esta norma fue prorrogada tres veces en los años: 2009 mediante ley 26.554, 2013 mediante ley 26.894 y 2017 mediante Ley 27.400, actualmente está vigente hasta el 23 de noviembre de 2021.
Sin embargo los resultados del proceso de relevamiento han sido magros. Según contabiliza ENDEPA, hasta julio de 2021 comunidades relevadas con resolución administrativa había unas 743, en trámite 246, iniciadas 114, y sin ningún proceso iniciado 653. Es decir solo en 42% del total de las 1756 comunidades indígenas identificadas del país han sido relevadas con una resolución, mientras que el 58% sigue sin poder culminar el primer paso para la regularización de su territorio.
Consideramos que es un paso urgente para poder avanzar en un incumplido proceso de reconocimiento y titulación de la propiedad comunitaria indígena y avanzar en conseguir un reconocimiento de la propiedad comunitaria superando la instancia de “emergencia”. Aún con la vigencia de la ley, la criminalización y los despojos continúan en todo el país, en Tucumán decenas de casos siguen desalojando a distintas comunidades indígenas. El relevamiento avanzó en forma muy dispar e inconclusa y terminó siendo en parte una herramienta de dilación por parte del estado nacional de las comunidades, con técnicos y procesos muy conflictivos. De las comunidades que terminaron las “carpetas” con sus relevamientos, nada se ha avanzado con políticas de tierras o territorio para reconocer sus derechos y posesiones.
En dicha provincia la avanzada en favor de los latifundistas no se ha detenido o lo ha hecho en muy pocos casos, el poder judicial sigue priorizando la propiedad privada por sobre la propiedad comunitaria, llevando así a planos y causas a personas particulares de distintas comunidades buscando desmovilizarlas y amedrentarlas. La criminalización y represión se ha hecho común, así como la injusticia estructural hacia les indigenas, como demuestra el emblemático caso de Javier Chocobar de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Tucumán) asesinado en 2009 en defensa de su territorio.
Al mismo tiempo, durante la vigencia de la ley, se vivió un avance represivo sin precedentes recientes en comunidades mapuche de Neuquén, Río Negro y Chubut. En ese marco fueron asesinados Rafael Nawel y Santiago Maldonado en 2017, y decenas de comunidades han sido reprimidas y criminalizadas, tanto en la cordillera como sobre la formación Vaca Muerta, donde además sus habitantes deben convivir con los riesgos de la explotación del fracking y la nula aplicación de sus derechos territoriales. La avanzada represiva de los últimos meses es parte de un abordaje policial -antes que político- de la política indígena.
La limitada aplicación de la ley 26.160 no quita que pueda ser un importante avance hacia la titulación comunitaria de las comunidades indígenas. Estas leyes no fueron regaladas por el Estado, sino que nacieron de una conquista del movimiento indígena a nivel nacional. De la misma manera, procesos como la lucha por la prórroga en 2017 en pleno avance represivo del gobierno de Mauricio Macri, fueron precedentes importantes para la articulación conjunta de comunidades indígenas en lucha de todo el país. Hacemos un nuevo llamado a la unidad en torno a la prórroga de la ley pero más específicamente en la necesidad de llevar adelante un cumplimiento efectivo que permita mejorar las condiciones de vida en nuestras golpeadas comunidades.
Pandemia y ahora
La situación mundial por la pandemia de COVID-19 acentuó múltiples problemáticas en nuestros territorios. Mientras se vuelve parcialmente a la “nueva normalidad” seguimos remarcando la importancia de la recuperación de las distintas formas de organización y control territorial que se vivieron durante la pandemia.
En ese sentido creemos necesaria una reconstrucción de la democracia directa, cuyo eje central sean los y las comuneras; mientras que el control territorial debe organizarse por fuera del poder política capitalista y tradicional. Más allá de la ley en sí, creemos que el relevamiento y la titulación comunitaria son un paso fundamental para construir nuestra autonomía. Al mismo tiempo tenemos que avanzar en la recuperación territorial y sostenemos que hay que promover la propiedad comunitaria de los territorios que los pueblos originarios reivindicamos como propios.
Estamos insertos en un momento político de importante avance de pueblos indígenas en el continente. La Conaie de Ecuador, principal organización indígena de América Latina, ha llevado adelante un proceso conjunto con sindicatos, organizaciones de mujeres y estudiantiles, en contra del avance neoliberal en su país. Del mismo modo las y los constituyentes indígenas en Chile avanzan hacia la declaración de un Estado Plurinacional mientras en el territorio mapuche diversas comunidades sostienen un control territorial expulsando a las empresas extractivas capitalistas.
Somos parte de esa marea indígena y mestiza que crece en nuestro continente y se articula con el conjunto de la clase trabajadora. El relevamiento territorial y el avance hacia la propiedad comunitaria indígena deben ser el insumo para fortalecer nuestros procesos de lucha contra este modelo que nos empobrece y mata.
Por un movimiento indígena anticapitalista, por el socialismo desde abajo, que se nutra del feminismo plurinacional y los abordajes del ecosocialismo para transformar nuestra sociedad.
MARABUNTA – Corriente Social y Política