Guernica unido, la cronología del barrio que no fue

El proceso de recuperación de tierras de Guernica comenzó hacia finales de julio, cuando las familias comenzaron a asentarse en la zona luego conocida como barrio “20 de Julio”. En los días siguientes avanzaron hacia las zonas de los barrios “San Martín”, “La Lucha” y, por último, “La Unión”. Se trató de un proceso espontáneo y extremadamente vertiginoso. Para el día 24 de julio la toma ya ocupaba el total de 95 hectáreas que mantuvo hasta la fecha de su desalojo. En el armado de los dos primeros barrios, las familias intentaron replicar el trazado “en damero” preexistente de las zonas urbanas lindantes. Pero en el caso de los últimos dos, asentados sobre terrenos de la empresa El Bellaco S.A. (un agente inmobiliario que desarrolla barrios cerrados), ya no contaron con tal referencia, y el proceso fue aún más complejo, dando lugar a trazados espontáneos irregulares, no ortogonales, con pasillos y callejones.

Por Ricardo Apaolaza y Juan Pablo Venturini

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Urbanismo popular

A principios de agosto se organizó una comisión de urbanismo, conformada por docentes, investigadores y estudiantes de las carreras de geografía, arquitectura, diseño, sociología y trabajo social de la UBA y la UNLP, que articuló con el cuerpo de delegades de los barrios para encontrar una alternativa legal y urbanística que permitiera evitar el desalojo. Los primeros trabajos de la comisión consistieron en pensar y diseñar junto con las asambleas los nuevos trazados de calles y lotes para reordenar los sectores de La Unión y La Lucha, estableciendo reservas para equipamiento comunitario como salitas, jardines y clubes, además de plazas, huertas, paseos ribereños y arterias para la futura circulación de colectivos.

Algo más adelante, para mediados de agosto, y tras numerosas jornadas de trabajo con les vecines, se formalizó una propuesta de urbanización “in situ”, que proponía la creación de un barrio integrado (“Guernica Unido”) que podía alojar más de 2000 familias, ya que optimizaba el tamaño y forma de los lotes y calles, reduciendo sensiblemente la cantidad de superficie necesaria. Lejos de plantear intervenciones aventureras, esta propuesta se basaba en las herramientas y estándares otorgados por la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, aprobada en noviembre de 2012 y reglamentada en diciembre de 2013, que brinda un marco para el abordaje de las problemáticas de tierra y vivienda en la Provincia de Buenos Aires. En este esquema original se proponía pasar a utilidad social los terrenos ocupados por los barrios 20 de Julio y San Martín (42 ha), que encuadraban bajo la categoría de “inmuebles urbanos baldíos”, a la vez que hacía explicita la posibilidad de exigir la cesión del 10% de la superficie del desarrollo “Country&Club San Cirano” de la empresa El Bellaco (13 ha), tal cual prevé la ley 14.449 para los “Grandes Emprendimientos Inmobiliarios”, reintegrando el resto de la superficie al reclamante. Además, la propuesta de urbanización contemplaba la articulación con diversos programas oficiales que permitieran la generación de trabajo para las mismas familias de los barrios.

Negativa política y desalojo

Con el correr de los días, el avance de las negociaciones y los cambios en la cantidad de familias dentro de la toma habilitaron que el proyecto pudiera resolverse incluso con menos superficie, al punto de plantearse en las negociaciones de principios de octubre la necesidad de apenas 30 hectáreas, dejando en ese punto ya fuera de discusión la totalidad de las tierras de El Bellaco y buena parte del resto. Sin embargo, la propuesta de la Comisión de Urbanismo jamás fue tenida en cuenta, a pesar de su real viabilidad. Más allá de cualquier objeción o diferencia de carácter técnico, la orden política de “no dar tierra” primó por sobre cualquier negociación real. Jamás el gobierno provincial contrapropuso un proyecto alternativo para las familias (fuera en Guernica o cualquier otro distrito), a pesar de haber sido el “tierra por tierra” o la gestión de la expropiación los mecanismos más utilizados por estos mismos funcionarios durante la gestión kirchnerista de 2011-2015 al momento de destrabar conflictos similares.

Ya con la fecha del desalojo encima (lunes 27 de octubre), y tras dilapidar semanas enteras con propuestas engañosas e inviables, el gobierno provincial aceptó un recurso de última instancia propuesto por la Gremial de Abogadxs, que defendía a las familias: ofrecer tierras provisorias (alquiladas por la provincia) donde las familias pudieran relocalizarse temporalmente y esperar un reasentamiento definitivo en un barrio de lotes con servicios, previo firma de acta de adjudicación, homologada judicialmente por la Gremial, y garantizada por una comisión de seguimiento compuesta por universidades, organizaciones de derechos humanos, etc. La idea de fondo era avanzar con la relocalización provisoria de uno de los barrios (“La Unión”), y con ello ganar tiempo para continuar las negociaciones en los otros tres barrios y evitar el desalojo.

El accionar de Larroque y Pascolini durante estos últimos tres días fue realmente bochornoso, plagado de indefiniciones y discusiones banales, acercando propuestas mezquinas y terminando por romper todo acuerdo al plantear que “por más que el barrio La Unión se relocalizara, los otros tres barrios irían al desalojo”. Ante esta confesión, el barrio La Unión realizó una última asamblea, donde más de 250 vecines votaron “quedarse a luchar y resistir el desalojo con los otros barrios”, dando una verdadera lección de clasismo. Eran las 20.30 del miércoles 28 de noviembre… Pocas horas más tarde ya se divisaban, en la penumbra, las figuras de miles de policías de Sergio Berni y Axel Kicillof. Pero eso ya es otra historia.

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