La derrota electoral del Apruebo, en el plebiscito de salida del texto elaborado por la Convención Constitucional en Chile, significa también la derrota de una serie de aspiraciones populares que se expresaron en clave constitucional. Algunos factores que explican el triunfo del Rechazo son: la eficiente campaña de la derecha con base en las fake news; una impugnación al tibio gobierno de Gabriel Boric; y un rechazo tanto al texto como al proceso de la Convención Constitucional. En este artículo desarrollamos estos tres factores para acercarnos a una respuesta sobre qué pasó en Chile.
Por: Marabunta
El pasado domingo 4 de septiembre la opción de rechazar la nueva constitución chilena ganó con el 61% de los votos. Fue una elección récord ya que por primera vez se votó en Chile de manera obligatoria con inscripción automática. Esto provocó que hubiera 13 millones de votos, casi 5 millones más que en la segunda vuelta presidencial de 2021. Aunque el Apruebo perdió solo un millón de votos respecto del plebiscito que definió la ruta constituyente en 2020, la última votación tuvo 240 mil votos más que los que le permitieron a Gabriel Boric ser electo presidente. Pero en términos relativos el Apruebo pasó de un 78% en la votación de entrada a un 38% en esta votación.
Una primera interpretación de esto es que el Apruebo mantuvo una parte importante de los sectores sociales que se movilizaron en 2019 y que impugnaron por izquierda el régimen pinochetista negociado en la transición democrática. Sin embargo, el masivo ingreso de nuevxs votantes se inclinó por el Rechazo.
El resultado muestra una recomposición de la derecha que estaba en la lona desde octubre de 2019. Este sector inició la campaña desde el mismo momento en que no obtuvo el tercio que le permitía vetar cambios en la Convención, y logró instalar desde el comienzo una campaña que apuntó a profundizar en la incertidumbre y los miedos. Sin embargo, quien mejor representa el éxito del Rechazo no es la derecha tradicional, sino las figuras de la ex Concertación, alianza de la Democracia Cristiana con la socialdemocracia que gobernó durante cinco periodos. Fueron ellas quienes lideraron la campaña y movilizaron a la maquinaria electoral de su espacio, incluso reemplazando a referentes de la derecha tradicional, que estaban políticamente desgastados o directamente escondidos por su mala imagen en los últimos años.
Otro elemento fundamental fue la instalación de fake news sobre el contenido de la constitución, junto con la utilización de bots y grupos de usuarios del Rechazo en redes sociales para su difusión. La más divulgada de todas fue la supuesta no consagración del derecho a la propiedad, lo que provocó el temor de una parte importante de la población de que le quiten la casa o los pocos fondos de pensión acumulados. Pero también atacaron fuertemente los avances en materia indígena, divulgando una supuesta posibilidad de dividir el país (mal utilizando una nueva terminología asociada a las nuevas zonas autónomas) o que los pueblos-nación indígenas tendrían “más derechos” que “los chilenos”. Extremos que llegaron a convencer a la población de un supuesto cambio de los símbolos patrios.
La millonaria campaña logró instalar estos temores y no pudo ser contrarrestada. La utilización de fake news fue parte del contexto en el que se dió la elección, pero de ninguna manera esta estrategia desplegada por la derecha representa la única razón de la derrota del Apruebo.
El sexto gobierno de la Concertación
El resultado de la elección se explica también porque fue una especie de referendo sobre el gobierno de Boric, que en seis meses quedó atrapado en una respuesta neoliberal ante la situación política y económica. La magnitud de la crisis económica profundizada por la pandemia, que incluye un alza inflacionaria global con fuerte impacto en Chile, ha sido respondida a través de medidas que priorizan el cuidado del déficit fiscal, con el rechazo a políticas redistributivas universales o incluso negando el retiro de más fondos de las AFP. En lugar de responder a las necesidades sociales expresadas masivamente a partir de octubre de 2019, el gobierno se refugia en la ortodoxia económica.
Políticamente, es un gobierno tibio y a la defensiva. No ha instalado iniciativas que agrieten la dinámica neoliberal del Estado, ni disputen la adversa correlación de fuerzas en el Congreso. El cambio de gabinete del día martes luego de la elección, exigido desde la derecha, terminó ubicando a históricas figuras de la ex-Concertación en altos cargos que incluyen el Ministerio del Interior, evidenciando una orientación hacia la derecha, y confirmando que hoy es la oposición quien lleva el ritmo de la política.
El origen de esta tibieza está en la génesis misma del Frente Amplio, sector político que se auto-identificó como “la renovación de la política en Chile” y buscó instalar las instituciones del estado como la vía para implementar cambios, con su sector representando las luchas callejeras. Esto conducía a devolverle legitimidad al estado, al asumir como propios del proyecto político los mecanismos institucionales existentes. Eso fue lo que buscó Gabriel Boric y los partidos Revolución Democrática y Comunes al firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. El acuerdo fue un cierre por arriba para desmovilizar la revuelta popular y encauzarla en un proceso de Convención Constitucional.
Frente a la institucionalización, y con las limitaciones de la pandemia, no se logró instalar un proceso de movilización que dispute el contenido de la convención y del gobierno. No lo lograron los sectores que rechazaban de plano la constituyente, ni los sectores que creíamos que era más potente saltear la trampa con movilización y deliberación popular. Sin esa participación del sector más activo políticamente, no fue posible influir sobre el sector pasivo que no se expresó electoralmente hasta el plebiscito.
La constitución y la constituyente
Un tercer elemento que explica la derrota del Apruebo fue el rechazo tanto al texto constitucional como al proceso constituyente. Acá también los problemas vienen desde el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La hoja de ruta de la Convención la obligaba a actuar con tiempos acotados (duró un año en total), sin recursos, y sin la capacidad de modificar cuestiones centrales como los Tratados de Libre Comercio. El acuerdo fue tan malo que incluso la paridad y los escaños reservados para pueblos indígenas fueron agregados luego de su firma.
Antes del plebiscito de 2020 señalamos que era necesario evitar una lectura acrítica de la Convención como también su impugnación sectaria. El riesgo de una lectura acrítica era quedar encorsetados en una dinámica institucionalizadora similar al pacto de la transición post Pinochet. Al mismo tiempo, considerábamos necesario participar del proceso y no tomar una posición sectaria o iluminista como había ocurrido en la década de 1990. “El plebiscito será un paso adelante”, decíamos, “en la medida en que sea entendido como una oportunidad más dentro de las tareas necesarias para la transformación del país, y no como un espacio que clausure o reemplace la movilización popular. Para esto, el trabajo de las asambleas y cabildos territoriales, las coordinadoras sectoriales y las organizaciones políticas orientadas hacia la construcción del poder popular son una salvaguarda ante un proceso constituyente plagado de trampas”.
Sin embargo, no hubo la capacidad de acción política por parte de los sectores organizados para revertir o disputar el proceso. Esa dificultad organizativa se vio durante el proceso, en donde fueron electxs algunxs convencionales que no provenían de trayectorias de lucha, acumulación popular o disputa con el Estado. El ejemplo más claro de esto fue la Lista del Pueblo, una articulación circunstancial, manejada de manera central desde Santiago, que se reunió en torno a algunas figuras basadas fundamentalmente en su capacidad comunicacional. Aún cuando esto permitió que fuesen elegidxs convencionales que representan trayectorias de organización -como la referenta socioambiental Camila Zárate o la representante de presxs políticxs María Rivera, por nombrar dos- a nivel general la Lista del Pueblo opacó genuinas representaciones de movimientos sociales y políticos con historial de lucha.
Las organizaciones sociales que sí llegaron a estar representadas en la constituyente se aferraron con uñas y dientes a defender sus reivindicaciones históricas. No tuvieron margen ni estructura para construir una campaña más integral fuera de la Convención. Por lo mismo, iniciaron una campaña tardía, solo con el texto terminado y con la derecha corriendo con ventaja.
Con todo, la ausencia de proyectos políticos globales influyó en que la constitución fuera, en muchos casos, un agregado de demandas sectoriales con deficiencias a la hora de definir estatutos relacionados a la forma Estado, el modelo económico y la nueva institucionalidad. Por ejemplo, frente a la demanda de eliminar el Senado, se terminó en una formulación sui generis que no formaba parte de ningún programa político. Esto dificultó la disputa de los sectores de izquierda en secciones clave de la nueva constitución, que fueron ocupadas por la tecnocracia de la socialdemocracia y sectores del Frente Amplio que lograron moderar posiciones.
Aunque el texto contenía importantes avances políticos -por ejemplo el derecho al agua, a la vivienda, derechos de la naturaleza, un derecho a huelga sin limitaciones, etc.- la expresión constitucional de estas demandas no las expresaban en forma directa y entendible. Los derechos señalados constitucionalmente parecen palabras vagas, y no lograron conectar con la respuesta política que estaban buscando las mayorías populares. Ideas como la plurinacionalidad aparecieron de manera masiva recién durante el proceso constituyente. Ni siquiera la mayoría de las organizaciones mapuche habían tomado la plurinacionalidad como concepto horizonte de su actuar político. Esto no significa que no sea necesario disputar la idea de plurinacionalidad, sino que su instalación ocurrió de arriba a abajo y como fue disputada por arriba durante la campaña, el Rechazo logró imponer su propia interpretación de lo que significaba la plurinacionalidad.
A retomar la iniciativa
Después del plebiscito volvieron las reuniones palaciegas entre los partidos con representación parlamentaria, esta vez con la derecha en plena legitimidad debido al triunfo del rechazo. Es la consecuencia lógica del juego al que quiso jugar el Frente Amplio (y luego el Partido Comunista) para canalizar el momento constituyente/destituyente de octubre de 2019. Debido a que el proceso no contemplaba el rechazo del texto constitucional, aún se discute de qué manera seguirá el proceso constituyente, que de obtener alguna nueva constitución con mínimas reformas podría darle al Gobierno algo de aire y posibilidades de relegitimación por izquierda ante su base desmoralizada.
La lectura política de la derecha y la centro izquierda, repetida de manera incansable en los medios de comunicación, es que el proceso constituyente fue extremadamente izquierdista. Para esto buscan como solución inhibir la participación popular, eliminando las listas de independientes, y dejando participar solo a las listas de partidos políticos ya reconocidos por el Estado. Es un gesto profundamente antidemocrático, que busca elitizar el debate constitucional, despojándolo del contenido que emergió de las luchas de las últimas tres décadas, cristalizados en las calles en octubre de 2019.
El capital político de los casi 5 millones de votos del apruebo es una base sólida que de hecho rompe el tercio histórico electoral de la izquierda. La movilización estudiantil sostenida durante las últimas semanas muestran también un camino de acción política que contrasta con la desmoralización generalizada tras el resultado de la elección, y el traslado de responsabilidades hacia quienes votan. La derrota se siente, pero son posibles alternativas a la desmoralización total o la integración absoluta al juego institucional de la democracia. Es necesario comprender qué falló en el proceso y esa no es solo una derrota del Frente Amplio/PC sino del conjunto de las organizaciones reformistas y revolucionarias.
El 4 de septiembre se rechazó de manera masiva el contenido de la constitución, que está vinculado a demandas históricas de la izquierda como el ecologismo, feminismo y el movimiento indígena. El retroceso es del conjunto del sector. Pero esa derrota en el plano programático es consecuencia de la falta de trabajo de masas en los sectores populares (sobre todo a nivel obrero, rural e indígena). Esta derrota es mucho más la consecuencia de la debilidad política de las organizaciones de los pueblos de Chile, que un problema de ideas.
Ante un nuevo proceso constituyente en el que los tiempos van a ser más ajustados que en el proceso anterior, con un carácter más antidemocrático aún, no parecen haber condiciones para que haya una nueva participación desde los sectores populares. Más bien, podría ser tiempo de retomar la iniciativa desde las calles para disputar los puntos reivindicativos más sentidos, así como la articulación y construcción de nuevas coordinaciones y articulaciones políticas.
Desde nuestra organización confiamos en la potencia y la fuerza de retomar la histórica tradición de lucha de los pueblos de Chile, abrazar las banderas de octubre de 2019, construir espacios de lucha desde los distintos territorios que hoy son parte de la disputa política. También creemos importante -en Chile y en el resto de las organizaciones populares del continente- que avancemos a una comprensión de cómo se encara una campaña electoral en tiempos de fake news, de qué manera se aprovechan los momentos de politización en contexto electoral para hacer crecer nuestras organizaciones y nuestras ideas. Son desafíos complejos, pero sabemos que muchos sectores en Chile se están dando esa tarea de fortalecer el poder popular en todos los espacios que habitamos, para poder hacer realidad la lucha por una vida que merezca ser vivida aún en los países devastados por el capitalismo en este periodo neoliberal.