Una vez más, este 1ero de mayo nos encuentra peleando por condiciones de trabajo y de vida dignas, así como en 1886 les mártires de Chicago lo hicieron por la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Nuestra clase sigue atravesando la pandemia del Coronavirus y, el que no nos cuida y pone en riesgo nuestra vida, es el capitalismo. Luego de un 2020 en que se registraron despidos masivos y que dejaron una inmensa cantidad de laburantes en la calle, ahora desde los sectores empresariales y estatales se nos empuja a trabajar en espacios en los que no se cumplen medidas de prevención ni cuidado, bajo la amenaza de ser une más que engrose las filas del desempleo.
En el marco de una crisis capitalista prolongada que se vio agravada por la irrupción de la pandemia, a les trabajadores se nos empuja a cubrir la primera línea de fuego: a sostener la producción, los servicios y la circulación de mercancías cueste lo que cueste. También, somos les trabajadores quienes pagamos disputas que están más teñidas de debate electoral que de genuinas preocupaciones, como por ejemplo la presencialidad en las escuelas. Todo eso, que a su vez, repercute en la sobrecarga del sistema sanitario (sostenido por laburantes extenuades y precarizades), significa que la preocupación de lxs de arriba siguen siendo sus ganancias y, de ningún modo, nuestras vidas.
# A la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios frente a la inflación constante, que deteriora y precariza nuestra vida, se suma la sobrecarga que nos imponen en un contexto de extrema desprotección. Para quienes trabajamos en empleos formales vemos cómo constantemente se desconocen derechos conquistados, licencias, provisión de elementos de protección personal a cargo del empleador, reducción de horarios cuando el trabajo es insalubre, insuficiente cobertura de salud (copagos, servicios de mala calidad). Y aún peor es la situación de quienes forman parte del más del 35% de trabajadorxs informales de nuestro país, que no pueden ni darse el “lujo” de tomar una licencia.
Recientemente el informe de “Basta de Asesinatos Laborales” indica que fueron 985 trabajadrxs que murieron durante el 2020 luego de contraer COVID trabajando. La obligación de las empresas de proveer transporte seguro a sus trabajadorxs en muy pocas ocasiones se cumplió, en muchos casos fueron les mismes trabajadorxs quienes tuvieron que proveerse sus equipos de protección personal, se incumplieron licencias por contacto estrecho o por caso sospechoso. Queda en nuestras propias manos generar instancias de organización en los lugares de trabajo para exigir condiciones adecuadas de salud laboral.
Fueron les trabajadorxs organizándose en sus lugares de trabajo, a través de comisiones internas y sus instancias colectivas de organización quienes se plantaron para poner freno al desprecio por la vida de empresarios. Así sucedió con les trabajadores de distintas plantas de producción de alimentos como Felfort, Mondelez, Bimbo (San Fernando), Pepsico, Fernet Branca (Córdoba) y Quilmes (Zárate), del histórico Astillero Río Santiago, del cuerpo de delegados de la línea 60, les trabajadorxs del sector de salud, del frigorífico El Federal. También desde distintos espacios sindicales se reclamó por la conformación de comisiones de seguridad e higiene, para construir y controlar el cumplimiento de los protocolos y la adopción de medidas de prevención. Esto deja un gran aprendizaje para nuestra clase: disputar por nuestra salud en los lugares de trabajo implica disputar poder, exige organizarnos y tomar mayor control sobre el proceso de trabajo.
# El ataque a nuestros salarios viene siendo acompañado de una preocupante pasividad por parte de las centrales sindicales. Muchos de los conflictos que conocemos en el que les trabajadores se plantan ante las patronales o bien se encuentran con poca o nula respuesta de sus sindicatos de rama o bien estos reaccionan tardíamente ante la presión y malestar de las bases. Todo esto mientras se descarga nueva ofensiva (trabajo de plataformas, teletrabajo, más flexibilización, más disciplinamiento ante el aumento del desempleo y la pobreza). Las centrales sindicales han concertado la política de pacto social que planteó desde un comienzo el gobierno nacional. Así lo demostró el reciente acuerdo por el consejo del salario en el que se verificó un acuerdo a la baja del salario mínimo de un 35% en siete cuotas que se terminaría de cobrar en febrero 2022, reducción que fue aprobada por las direcciones burocráticas sindicales.
Así, se establecen diferentes objetivos fundamentales si queremos recuperar las posiciones perdidas y conquistar otras, siendo este contexto de gran dificultad a la hora de profundizar articulaciones. Por un lado romper las fragmentaciones que las luchas aisladas terminan teniendo y que operan en beneficio de las patronales. Un claro ejemplo de esto fue la lucha de los trabajadores de la salud neuquinos, que conquistaron posiciones de legitimación y apoyo social pese a no estar respaldados por los propios gremios, generando espacios de participación desde la base. Por otro lado, nada de lo expuesto puede entenderse como una negación de los gremios o de las centrales y su rol fundamental en la lucha político sindical. Por el contrario entendemos que la recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical, es una arista fundamental en el camino de poder conquistar mejores posiciones. Dar entonces los debates necesarios con elconjunto de las agrupaciones y organizaciones, y construir las unidades necesarias desde una política sindical clasista y feminista se vuelve imponderable en esa dirección.
Por último aglutinar el conjunto de los reclamos de la clase, promoviendo una política-sindical unitaria que anteponga las necesidades sociales por sobre los pequeños corporativismos, abonando a debates más fraternos entre las organizaciones y plasmando ante la sociedad la fuerza y profundidad de nuestras posiciones.
# En cuanto a la pérdida de empleo y creciente desocupación, al iniciarse la cuarentena el año pasado, el Poder Ejecutivo había sancionado el decreto 329/2020 de “prohibición de despidos y suspensiones”, en el que, paradójicamente, se dejaba la puerta abierta para que estas últimas se sigan sucediendo, bajo el amparo de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. Con total impunidad, al poco tiempo de dictarse el decreto, se sucedieron incumplimientos salariales, despidos, lock outs patronales y suspensiones en una amplia gama de actividades económicas. Comenzando por el grupo Techint, que despidió 1450 trabajadorxs de su rama de la construcción y estableció suspensiones con recortes de básicos y premios en sus plantas siderúrgicas como SIAT de Valentín Alsina, le siguieron empresas automotrices, de comercio, de aeronavegación, de cadenas de comidas rápidas, entre muchas otras. Este año despidos en la UBA, residentes de salud del partido de Malvina Argentinas
Otra de las problemáticas más sentidas por lxs trabajadorxs es la falta de acceso a la tierra y vivienda. La recuperación de tierras de Guernica puso una vez más en agenda que existe una grave crisis habitacional en nuestro país, la cual golpea duramente al sector más pobre de la clase y a su vez, alcanza a cada vez más laburantes. La especulación inmobiliaria no cesa, haciendo que los alquileres se tornen impagables con un salario promedio, mientras que la posibilidad de acceder a una casa propia, ya se torna un sueño irrealizable para aquelles que vivimos de nuestro trabajo. La prohibición de desalojos dictada por el gobierno fue una medida paliativa que sólo postergó la actual situación de vulnerabilidad en que se encuentran miles de familias luego de que perdiera vigencia, ya que no fue acompañada con políticas de fondo que apunten a garantizar el acceso a la vivienda para toda la población. La muestra más clara de la postura gubernamental y de los sectores que lucran con la especulación inmobiliaria se dio frente al conflicto de Guernica: defender a ultranza la propiedad privada y reprimir a quienes pretendan ejercer ese derecho con sus propias manos y de forma organizada.
# Mientras la crisis económica y sanitaria golpea al conjunto de la clase trabajadora, es repudiable la decisión de los gobiernos nacional y provinciales de continuar elevando su presupuesto a las fuerzas represivas, en desmedro de partidas que podrían ser destinadas al sistema de salud -para ampliar capacidad hospitalaria- o al sistema educativo -para garantizar la conectividad de todxs lxs estudiantes y docentes-. Vemos cómo las restricciones de circulación se acompañan con más policía e incluso el ejército en la calle, en vez de orientarse a brindar asistencia económica y acompañamiento a todes aquelles que lo necesitan. Creemos que este tipo de decisiones representan un nuevo aval a las fuerzas represivas para continuar desplegando su accionar violento e ilegal contra les trabajadores, principalmente aquelles informales que necesitan circular o comerciar en la vía pública para sostenerse económicamente. Esta gestión de la crisis y lugar de privilegio que se le concede a las fuerzas, es también resultado del apriete que toleró el gobierno de Fernandez, cuando sectores de la policía bonaerense -con eco en otros distritos- se alzaron en septiembre del año pasado, rodeando la quinta de olivos en una clara acción desestabilizadora. Lejos de ser enfrentados, estos sectores fueron premiados y no sólo con el aumento de sus haberes, sino también con equipamiento y respaldo político para garantizar la impunidad de su accionar represivo. Por otra parte, para darle continuidad a las negociaciones con el FMI y continuar el ajuste así como para continuar negociando proyectos extractivos en todo el territorio en contra de la voluntad popular, la garantía que ofrece el Estado, es su capacidad de reprimir a lxs que luchan.
# La crisis golpea especialmente a mujeres y disidencias. El trabajo no remunerado de cuidados realizado por las mujeres es vital para que existan trabajadorxs en condiciones de concurrir a sus empleos. El aumento de la pobreza, la saturación del sistema de salud que estamos atravesando, las múltiples tareas de asistencia a familiares que necesitan cuidados recae sobre nosotras. Por otro lado, los trabajos esenciales remunerados de salud, educación y asistencia altamente feminizados se encuentran entre los peores pagos, con paritarias que sistemáticamente vienen perdiendo poder adquisitivo. Es necesario redoblar la pelea por la socialización de estas tareas, por la exigencia de licencias y dispensas para que las mismas se realicen en forma equitativa. Además los equipamientos comunitarios que se han conquistado con luchas como espacios de cuidado de niñes, comedores, centros comunitarios son sostenidos con el trabajo precario de muchísimas compañeras que perciben pésimos salarios. La continuidad del acuerdo con el FMI, por otro lado, impone claros ajustes a las jubilaciones, la salud y la educación. Por lo tanto, por más anuncios de la puesta en marcha de una Red Nacional de Cuidados, en la medida en que sigamos pagando deuda, el deterioro y vaciamiento progresivo del sistema público de cuidados es inexorable.
#Nuestros trabajos son esenciales para hacer mover al mundo, sin trabajadorxs no hay vida. El capitalismo de pandemia, nos obliga a sacrificarnos y sacrificar nuestra salud, en pos de las ganancias empresarias, pero una y otra vez se topan con que sin laburantxs no hay riqueza. Tal vez sea momento entonces de empezar a dar vuelta todo y desde las batallas actuales por nuestras condiciones de trabajo y de vida, construir otra sociedad como señalaba uno de los mártires de Chicago: “¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres científicos deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar.” (Jorge Engel, 1986)