VUELTA A CLASES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES: ¿Una presencialidad cuidada?

A mediados de junio del 2020, hace exactamente un año, la cantidad de muertes por COVID-19 era de 23 diarias en el promedio semanal (a nivel nacional), y sin embargo las clases se realizaban de manera virtual. El peligro epidemiológico ante la potencial diseminación de la pandemia forzó a realizar clases a distancia. ¿Cómo explicar ahora, si no es por el más llano cinismo electoral, que reabran las clases presenciales cuando la cantidad de fallecimientos se multiplicaron por 30, cuando se rozan las 700 muertes diarias? Es, a todas luces, un retorno apresurado, que ni siquiera cumple con las condiciones epidemiológicas del DNU en varios distritos del Gran Buenos Aires. ¿Acaso cambió algo en el último mes para modificar nuevamente la decisión que había pospuesto la presencialidad educativa ante el aumento exponencial de contagios entre marzo y abril?

Por un lado, el restablecimiento de las clases presenciales, al no encontrar variables sanitarias que así las permitan, sólo está justificado a partir del oportunismo electoral. Busca subordinar la educación pública y el bienestar de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes a meras especulaciones basadas en las encuestas. En lugar de aumentar el gasto público para que el pueblo pueda hacer una cuarentena digna, las últimas restricciones apenas han tenido por sostén algunas medidas muy puntuales del Gobierno Nacional, como los bonos de entre $1500 y $6000 para quienes viven de changas o están desempleades, u otras por única vez para beneficiaries de AUH o PNC.

Por otro lado, las condiciones estructurales en los edificios educativos distan de ser óptimas. Si algo faltaba para que las palabras del gobernador Axel Kicillof cayeran en el más rotundo ridículo es que, tras un año de clases virtuales en la provincia, los establecimientos educativos no estén en condiciones de abrir sus puertas, como sucedió en centenares de ellas. Un año entero tuvieron para abarcar todas esas necesidades antes de exponer al frío y en plena pandemia a millones de estudiantes y trabajadores. Falta de estufas, ventanas, y otras obras de infraestructura son sólo muestras que desnaturalizan la aparente preocupación por la educación, que sólo se queda en las palabras. Basta contemplar el caso de Moreno, a modo de ejemplo dramático donde a casi 3 años del aniversario del asesinato de Sandra Calamano y Rubén Rodriguez (por la explosión tras un escape de gas en las instalaciones defectuosas de la escuela) la mitad de las escuelas secundarias del distrito no cuentan con las condiciones para abrir por… ¡falta de gas!

Ésta historia ya la vivimos y muy recientemente. Los acuerdos de comienzos de año entre el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y su par porteño, Soledad Acuña, que habilitaban las clases presenciales, facilitaron una multiplicación de casos por el aumento de personas en el transporte público y las aglomeraciones inherentes a la práctica educativa en plena segunda ola del COVID-19. En poco más de un mes pasamos de menos de 5 mil casos diarios a más de 25 mil, forzando a desdecirse en la materia. Un mes y medio después y con casos de contagios sostenidos en torno a los 30 mil diarios se abren de nuevo las escuelas, sin garantías estructurales y lo llaman “presencialidad cuidada”. Cinismo es poco. El avance en la vacunación no altera aún el panorama ya que aún resta una porción importante a inocular, y deben pasar un lapso de tiempo para que las mismas completen sus dosis y generen una protección colectiva.

Pero como si esto fuera poco no son las únicas razones que pueden apreciarse en los vaivenes de las decisiones tomadas. Porque ésta vuelta a la presencialidad se da en medio de un fracaso de la educación virtual, donde el gobierno no garantizó ni la conectividad ni los dispositivos de estudiantes y docentes, lo cual implicó un altísimo porcentaje de estudiantes sin continuidad pedagógica, pese a los esfuerzos realizados. A su vez, la sobrecarga laboral docente influyó en las tareas pedagógicas, que se multiplicaron más de lo habitual, ya que a su vez se sumaron muchas tareas administrativas. Todo esto sin mencionar que la falta de actos públicos implicó una gran cantidad de docentes desocupades, a pesar que es necesario crear nuevos cargos para lidiar con estos problemas.

¿Y la oposición macrista que tan a voz de cuello sale a clamar en defensa de la educación pública? Basta con revisar lo que fue la gobernación de María Eugenia Vidal en la provincia, gestión que forzó una reducción mayor del presupuesto educativo, el cierre de 40 escuelas, la falta de mantenimiento de los establecimientos (que venía de las gestiones anteriores pero agravadas durante la gestión del PRO) y que se cobró la vida, como mencionamos arriba, de 2 trabajadores en Moreno. Gestión derechista y privatizadora que abonó a un desprestigio creciente de la labor docente e incluso llegó a especular con la incorporación de vecinos a la función educativa para enfrentar las huelgas por salarios y condiciones de trabajo. Cosa parecida a lo que sucede y sucedió con la gestión del PRO en la Ciudad Buenos Aires, donde la baja creciente en la matrícula pública en beneficio de la mercantilización educativa, va de la mano de la baja relativa del presupuesto educativo público y el subsidio masivo de las instituciones privadas. Sin que por ello, año a año, se evite que se cuenten por miles la falta de vacantes en las escuelas públicas. Todo esto con la complicidad del PJ, que desde hace 14 años eligió ser socio menor en los negocios del PRO en la Ciudad, en vez de oponerse a su política mercantilizadora.

Como si todo esto fuera poco, en la Provincia de Buenos Aires las direcciones sindicales avalan de forma servil cualquier decisión que se tome desde el Gobierno Provincial. Se llegó al ridículo de ver cómo desde la dirección Celeste-Violeta del SUTEBA se recordaba (solo se recordaba) que según los protocolos vigentes hay que cerrar el establecimiento si las temperaturas eran inferiores a los 10 grados, todo en medio del escenario dantesco que atravesamos. En ningún momento se puso en pie alguna acción (no hablemos de un “plan de lucha”) por las necesidades de infraestructura y ni siquiera obraron para corroborar la eficacia de los sistemas de calefacción en aulas con ventanas y puertas abiertas, pese a que el gobierno entregó medidores de CO2 y temperatura (que no han terminado de llegar a todas las escuelas). Si desde los oficialismos la respuesta ante la crisis sanitaria es de una negligencia criminal, la respuesta de la dirección de Suteba es por demás es oprobiosa, servil y a veces a la retaguardia del gobierno. 

En todos los casos, se ve como la retórica inflamada se desvanece cuando se contrasta con la realidad. Falta de condiciones edilicias, frío glacial en las escuelas abiertas para garantizar la circulación de aire, menos de la mitad de les docentes inmunizades contra el virus, falta de condiciones en los medios de transporte, de conectividad, de exposición en medio de lo más bestial de la segunda ola en el país. Si la apertura apresurada de comienzos de año conllevó, además de la multiplicación de los contagios, la muerte evitable de decenas de trabajadores expuestos insólitamente al virus, la reapertura en estas condiciones sólo puede conllevar un nuevo aumento de los casos con las tristes consecuencias que conocemos.

Toma un valor especial en esta situación los esfuerzos que se construyen desde cada escuela para enfrentar la desidia de los de arriba, uniendo fuerzas con estudiantes, familias, y movilizando y sacando el reclamo a la sociedad toda, desde agrupaciones, listas, y seccionales del SUTEBA que eligen no callar y pelean para que la educación sea, realmente, una prioridad.