Esta última semana, Chubut fue escenario de un proceso de lucha social de enorme magnitud. La movilización popular y masiva contra la megaminería no se limitó a una lucha antiextractivista sino que también reflejó el hartazgo de todo un pueblo contra un gobierno ajustador que atraviesa su mayor crisis de representatividad y que intenta sostenerse en el poder mediante la represión. La expansión del capital extractivista transnacional se encontró con la acción directa de esta patagonia rebelde, con el poder popular que defiende el agua, la vida y el territorio.
El miércoles 15 de diciembre, la Legislatura de Chubut sancionó la Ley de Zonificación Minera provincial presentada por el gobernador Mariano Arcioni. La aprobación de esta ley se dio en el marco de una sesión especial convocada con otra finalidad y de la cual no se conoció el orden del día sino hasta el momento mismo de su tratamiento. Esta maniobra fue expresión del acuerdo entre el oficialismo provincial (Chubut somos Todos), Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para integrar a Chubut al grupo de “provincias mineras”, pese a los 18 años de resistencia del pueblo al avance de esta actividad. Inmediatamente después de su aprobación, la rebelión chubutense devino en pueblada. Frente a la movilización sostenida, la acción directa y la democracia de base, el régimen político en su conjunto debió retroceder y, por unanimidad, derogó la ley.
El conflicto tuvo como antesala todo un año de intensas jornadas de lucha. En noviembre de 2020, ingresaron a la legislatura dos proyectos de ley: el de zonificación minera, presentado por el gobernador Mariano Arcioni, y la Iniciativa Popular (IP), el proyecto del pueblo, impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que exige la prohibición de la explotación minera metalífera en todo el territorio chubutense. Este último reunió más de 30 mil firmas de vecines de todo el territorio, el triple de lo exigido por la constitución provincial para presentar un proyecto de ley.
En mayo de este año, con menos de 4 renglones de fundamentación, la Legislatura rechazó el tratamiento de la IP, en el marco de una fuerte campaña mediática de deslegitimación. Diputades que votaron en contra del proyecto del pueblo hicieron propios los dichos del abogado Daniel Sabsay, asesor legal de la empresa minera canadiense Pan American Silver, hablando de “inconstitucionalidad”.
Esta primera traición a la voluntad popular derivó en movilizaciones masivas y en los históricos cortes de ruta simultáneos en las rutas 3 y 40. A las asambleas comunitarias, que históricamente sostuvieron la lucha antiminera, se sumaron las organizaciones sociales y políticas, como también un amplio sector del activismo independiente. Este crecimiento en la participación fue dando forma a la fuerza social que terminó por derribar la ley de zonificación.
En el contexto electoral, el gobierno postergó el tratamiento de la ley de zonificación, dado el carácter antipopular del proyecto, pero a fines de diciembre el proyecto de ley iba a perder estado parlamentario. Por eso, las asambleas ya alertaban sobre esta posibilidad y convocaron a las “guardias legislativas” desde dos semanas antes. Ese miércoles 15, la Legislatura se encontraba completamente vallada. A pesar de lo urgente de la convocatoria, cientos de personas llegaron a Rawson para manifestarse en contra de la zonificación.
Votada la ley, la bronca del pueblo comenzó a expresarse: se retiraron las vallas del recinto y se formaron barricadas para impedir la salida de les diputades. El gobierno desplegó un importante operativo represivo pero la resistencia del pueblo fue destacable. La violencia de las fuerzas represivas duró más de 5 horas y hubo persecuciones, detenciones ilegales y vejámenes físicos en los barrios populares de Rawson durante toda la noche. El gobierno apostó a acallar la protesta social mediante la violencia y el miedo pero, por el contrario, el pueblo respondió con solidaridad volcándose masivamente a las calles.
En los días siguientes, Chubut fue escenario de un proceso multitudinario de lucha popular antiminera, al que adhirió el conjunto de la clase trabajadora. Estas demostraciones de poder popular evidencian que actualmente la discusión en torno de las problemáticas socioambientales está en el centro de la agenda política. A su vez, derrumba el discurso promovido por los gobiernos, las empresas y los medios de comunicación hegemónicos, quienes dijeron que la oposición al extractivismo, en palabras de Arcioni, eran solo “500 ruidosos”. Pero también es la clara expresión de bronca de un pueblo que dijo basta y que salió masivamente a las calles para repudiar a un gobierno que, inmediatamente después de asumir, aplicó un ajuste brutal y sostenido sobre el pueblo, debilitando aún más su legitimidad.
El Gobierno nacional formó parte del lobby prominero. El día anterior a la votación Alberto Fernández exhortó a las provincias cordilleranas a explotar más los recursos mineros. El Frente de Todxs apuesta al extractivismo como fuente de dólares para su proyecto, no sólo para el crecimiento económico sino para afrontar los pagos de la deuda externa ilegítima y odiosa. Apoyarse en los sectores agroindustriales y la explotación de Vaca Muerta se complementa con la avanzada minera, es parte de ese mismo camino. Seguramente se vea reflejado en el anunciado Plan Plurianual, en las proyecciones de exportaciones de los próximos años.
En esta coyuntura de crisis, empobrecimiento, altas tasas de desempleo y pauperización de sectores cada vez más amplios del pueblo, junto con el absoluto abandono premeditado del Estado respecto a los pueblos de la meseta chubutense, Arcioni propuso a la megaminería como solución mágica. Mientras tanto, tomó deudas millonarias en dólares, comprometiendo como garantía para los acreedores los recursos provenientes de las regalías petroleras, que es el mayor ingreso provincial. Sin embargo, los cantos de sirena de las empresas y el gobierno no pudieron instalar el discurso de la megaminería como modelo de desarrollo, trabajo y progreso. La claridad de sostener el No a la Mina en un contexto de crisis social y económica y la independencia frente al discurso del “desarrollo” es un elemento fundamental de nuestra lucha. Es fruto del trabajo de las asambleas comunitarias, de las comunidades del pueblo mapuche-tehuelche, de las organizaciones sociales y políticas y de les vecines conscientes que realizaron una gran labor pedagógica, con presencia en la calle, a lo largo de 20 años.
Otro elemento relevante en el éxito del Chubutazo fue la importancia que asumió la acción directa en el proceso. Aquí se expresa una radicalidad proporcional al conflicto social que le da origen. El pueblo chubutense salió a las calles con vehemencia para derribar una ley y un gobierno. Rápidamente demostró su poder y resistencia porque lo que estaba en juego era nada menos que el agua y la reproducción de la vida. Las jornadas de lucha callejera apoyadas también desde varias ciudades y poblados del país, tuvieron como punto destacado la acción directa sobre la casa de gobierno de Chubut y otros edificios públicos, que de conjunto expresan el poder del Estado. Esto hizo posible la nacionalización de un conflicto sobre el que había un importante cerco mediático. ¿Cómo pretenden que reaccione un pueblo traicionado por la cúpula política y legislativa? ¿Acaso no es violento un sistema que somete nuestros cuerpos y territorios al poder de la coima? El triunfo en Chubut verifica, una vez más, la vigencia táctica de la acción directa en la lucha social, como respuesta al avasallamiento y opresión del sistema capitalista.
Frente a la magnitud del conflicto y los intereses en juego, el pueblo de Chubut no se dejó llevar por los canales institucionales. Tampoco permitió que los vericuetos de la democracia representativa limiten su capacidad para derribar una ley antipopular. Fueron los políticos profesionales ocupando sus bancas los que tuvieron que acomodarse a la voluntad del pueblo. Después de una semana de movilizaciones sostenidas, cortes de rutas, y una primera línea que puso el cuerpo a las balas del sistema represivo, el pueblo triunfó y logró la derogación, por unanimidad, de la ley de zonificación minera. La ponderación de los espacios de democracia de base y el crecimiento de las asambleas en cada definición del plan de lucha son expresiones prefigurativas de la posibilidad de construir la democracia de abajo hacia arriba.
Aquí se expresa también la crisis de institucionalidad, cuando el Estado capitalista ya no puede contener en su estructura representativa las reivindicaciones populares. Al mismo tiempo que se retoman las herramientas de la clase como las instancias asamblearias, se produce una ruptura en la representatividad y es el mismo pueblo el que asume con su voz y voto lo que pretende y de qué manera lograrlo. Con este Chubutazo se reactiva la memoria colectiva del 2001, y quizá sea el mejor homenaje al cumplirse 20 años de aquella rebelión popular. Ambas gestas comparten elementos comunes como la masividad en las calles, la táctica de la acción directa y las formas organizativas desplegadas por el pueblo trabajador. Ese 2001, que forjó a toda una generación militante, hoy se manifiesta en Chubut en un proceso de lucha de largo aliento contra empresas del extractivismo transnacional y los gobiernos cómplices del saqueo.
En este momento de merecidos festejos por una victoria popular histórica, debemos preguntarnos qué desafíos tenemos por delante. En primer lugar está la lucha contra un gobierno ilegítimo, el de Chubut somos Todos. Su intento de recuperar la gobernabilidad a través de la instalación de la minería con represión demuestra que es una administración que perdió toda vigencia. Reafirmamos la exigencia de la renuncia del gobernador Mariano Arcioni y del vicegobernador Ricardo Sastre. Del mismo modo, es necesario que se reponga y apruebe la Iniciativa Popular contra la megaminería, expresión legítima de la mayoría del pueblo chubutense.
Si algo nos enseñan las experiencias de Mendoza en 2019 y Chubut en 2021, es que el avance extractivo del capital sólo lo podremos frenar con organización, movilizaciones populares y acción callejera. La defensa de los territorios es indelegable. La explotación irracional de la naturaleza por parte del capital está llevando al planeta a un punto de no retorno, lo que transforma a las luchas antiextractivistas en necesidades urgentes. Chubut envía así un mensaje a los pueblos del mundo: hoy las luchas por la defensa de los territorios ante el avance del capital son de primer orden, si queremos sostener nuestra vida en el planeta y los ecosistemas en los que habitamos. No hay lugar aquí para discursos del desarrollo sustentable, la minería responsable y el capitalismo verde.
Ante el modelo de saqueo y explotación, seguimos en las calles y organizades. Sin embargo, esto debe articularse con transformar la producción, elaborar y caminar hacia la transición energética, exigir el reparto de la tierra para vivir y producir. Para ello, resulta imprescindible un cuestionamiento al capitalismo de conjunto, en una perspectiva ecosocialista, recuperando los territorios para quienes los trabajamos y habitamos y estableciendo desde la clase trabajadora y el pueblo en general nuestra forma de organización política y social. Chubut es una semilla en ese sentido, y defender este triunfo y avanzar por más es el camino para transformarlo todo.