La retención de fondos coparticipables desde el gobierno nacional a la provincia de Chubut, abrió un conflicto que viene escalando hasta llegar a lo que parece un punto sin retorno. La amenaza de cortar el suministro de gas y petróleo del gobernador Torres, con el apoyo de todos los gobernadores de las provincias patagónicas y esencialmente productoras de dichos recursos, frente al frenesí twittero de Javier Milei que estalló en adjetivaciones desde ofensivas hasta incoherentes, presentan un escenario de crisis por arriba de final abierto.
Javier Milei asumió la presidencia del país con la intención de patear el tablero y reconfigurar los marcos de la lucha de clases en nuestro país. Mediante el DNU y la ley ómnibus buscó hacer pasar la reforma laboral, previsional, la desregulación de todas las ramas de la economía argentina y la privatización de las empresas estatales, en el marco de un brutal ajuste del gasto social y de la licuación de los ingresos a través de la inflación que viene galopando desde diciembre. Pese a ello, inmediatamente se encontró con la respuesta desde abajo: con la izquierda que desafió el 20 de diciembre el protocolo de Bullrich, pasando por los cacerolazos, el paro general del 24E y las protestas contra la ley ómnibus, que cayó por la presión popular y una evidente fisura entre las distintas fracciones políticas que representan a la clase dominante en Argentina.
La disputa de Milei con el gobernador de Chubut es un capítulo de esta misma historia, que sirve como muestra de las fisuras que presenta la plataforma de LLA y sus dificultades para llevar a cabo el plan de ajuste feroz que viene prometiendo desde la campaña. En sintonía con ello, el propio FMI le hizo observaciones críticas instando al gobierno a poner atención en el gasto social para evitar una crisis social que derive en una crisis de gobernabilidad. En este marco, con el poder económico concentrado expectante, fracciones de los partidos patronales y gobernadores que apoyan el ajuste hoy necesitan diferenciarse para no caer junto con la imagen de un presidente que minuto a minuto desciende en su popularidad y de la credibilidad de su proyecto.
Si bien nadie podría alegar que desde un principio el plan de Milei parecía muy sólido y fácilmente realizable, muchas fracciones burguesas aplaudieron desde el palco la audacia del nuevo presidente, de hacer lo que intentó Macri, pero sin titubeos y más rápido. Incluso a nivel internacional, hubo signos de aprobación del gran capital a la intentona de Milei como forma de relanzar el ciclo de acumulación, en vista a la crisis sostenida de crecimiento del capital occidental. Ahora bien, con la falta de astucia y capacidad de conducción que demostró el gobierno ante el tratamiento de la ley ómnibus con una crisis social de magnitudes en puerta, sumado a la impericia y beligerancia de retener los fondos coparticipables necesarios para sostener gastos corrientes de la provincia de Chubut, esos apoyos pueden verse afectados, mientras se construye un nuevo tipo de oposición -integrada por gobernadores-, que recuerda tensiones históricas relacionadas con la distribución de facultades, competencias y recursos entre el Estado nacional y las provincias.
Del lado de enfrente, crece la figura de Torres a quien el gobierno calificó de “chavista” en un comunicado oficial por amenazar con el corte de distribución de hidrocarburos si no se depositan en las arcas provinciales, los 13.000 millones de pesos retenidos. Si bien llama la atención el modo de Torres de enfrentar el estrangulamiento del gobierno nacional, lo cierto es que no tiene escapatoria si es que no quiere terminar como su antecesor Arcioni, pagando sueldos escalonados a lxs trabajadorxs y desfinanciando totalmente la salud y la educación, es decir, haciendose cargo de la cara mas dura del ajuste. Detrás del discurso de Torres, quien se proclama como primer defensor de los intereses del pueblo de Chubut, se esconde su intención de no pagar el costo político de la austeridad, aunque él mismo la viene llevando adelante en la provincia desde que asumió. Cuando discute con medios de comunicación que son voceros del gobierno nacional (como la Nación +), Torres se encarga en aclarar que su gobierno acompaña la mayoría de las medidas impulsadas por Milei, como por ejemplo haberle votado la ley ómnibus, y alardea que en Chubut viene realizando un ajuste mayor que el propio Milei en la Nación, proporcionalmente hablando. Además, Torres se jactó el encarcelamiento de los sindicalistas portuarios en el marco de un conflicto salarial, impulsó la creación del comando unificado de fuerzas represivas, impulsó la ley de ajuste a la docencia con el presentismo y tantas otras medidas que la legislatura de Chubut aprueba cual escribanía, por tener mayoría automática con su propio bloque parlamentario y la colaboración de los diputados de la libertad avanza y el peronismo. En ese sentido, si le sumamos la búsqueda de inversiones en Israel con la empresa Mekorot y sus vínculos con la embajada estadounidense, Torres no es más que una versión “racional” del mismo plan de ajuste y liquidación de las condiciones de vida de lxs de abajo que propone Javier Milei.
Resulta entonces evidente, que se trata de una crisis política por arriba de alto voltaje, más si se tiene en cuenta los apoyos, disidencias y silencios que se van sucediendo desde el día viernes pasado hasta hoy. Prácticamente la totalidad de los gobernadores apoyaron a Torres (a excepción de Jaldo), entre los que se encuentra el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que es perteneciente al mismo signo político. Del otro lado, Patricia Bullrich, también dirigente del PRO y con la que Torres diseñó el Comando Unificado de las fuerzas represivas para Chubut, se pronunció en contra del gobernador y arrastró a una serie de legisladores del PRO a pronunciarse en igual sentido. Mientras tanto, el peronismo hace cálculos con el avance de esta crisis: la carta de CFK fue más un mensaje para los sectores colaboracionistas y de centro derecha, para establecer un acuerdo en relación al ajuste y brindar un marco que brinde mayor seguridad para establecer el relanzamiento de la acumulación de capital en Argentina.
Por eso, nos debemos la tarea de seguir atentamente estas disputas, entendiendo que son producto de la crisis entre las fracciones de la misma clase dominante y sus representantes políticos. Bajo ningún punto de vista, ni Javier Milei ni Ignacio Torres, representan los intereses de los trabajadores y el pueblo de a pie, más allá de que los fondos de coparticipación que corresponden a Chubut deben ser inmediatamente depositados por el gobierno nacional, porque son recursos de una provincia castigada desde hace años por el ajuste del peronismo y ahora del PRO, y que en todo caso se encargará el pueblo de Chubut de disputar el destino de los recursos en el marco de las paritarias u otras acciones vinculadas al acceso de los derechos a la salud, educación, vivienda y hábitat.
Ante la agudización de la crisis del gobierno y la disputa interburguesa en ciernes, sostenemos la importancia de abonar en espacios de lucha y organización de conjunto, como las asambleas y multisectoriales e intersindicales impulsadas desde diciembre del año pasado. La organización popular y democrática desde abajo son nuestros espacios de resistencia, desde donde construimos multisectorialidad y transversalidad, abordando a una perspectiva general de los conflictos que atravesamos, para superar lo meramente corporativo o sectorial. Llegando a marzo, crece la conflictividad social por el desprecio del gobierno hacia los sectores más empobrecidos de la clase y por las luchas salariales que van en aumento. Aún es necesaria la derogación inmediata del DNU de Milei, que se mantiene vigente a excepción de los apartados impugnados judicialmente, para lo que será sumamente necesario el llamado a un nuevo paro general con continuidad en el plan de lucha.